Golpe al mundo de las criptomonedas, ¿una organización criminal?
En el marco de la 'operación Mandoa', la Guardia Civil ha arrestado a un individuo residente en las Islas Baleares. Esto se llevó a cabo en respuesta a solicitudes de las autoridades policiales de varios países que estaban investigando a otras cinco personas como presuntos autores de una estafa de carácter global relacionada con inversiones en criptomonedas.
Estos individuos habrían defraudado una cifra superior a los 100 millones de euros a más de 3,000 personas en todo el mundo.
Según informó el Instituto Armado en un comunicado emitido el día de ayer, esta operación permitió desmantelar a la organización detrás de la estafa y localizar a más de 3,000 víctimas en todo el mundo, con al menos 100 de ellas residiendo en territorio nacional.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por un ciudadano en la provincia de Álava que afirmaba haber sido estafado al invertir en criptomonedas. Como resultado, los agentes comenzaron a rastrear las transferencias de dinero que llevaban a una empresa con sede en Palma de Mallorca.
A medida que las investigaciones avanzaban, los investigadores descubrieron que esta empresa realizaba nuevas transferencias hacia países fuera de la Unión Europea, que eran el destino final de los fondos.
Además, la Guardia Civil pudo determinar que los miembros de la organización atraían a posibles clientes utilizando tácticas de marketing agresivas en sitios web populares. Esto se hacía mediante llamadas telefónicas, anuncios en periódicos, mensajes de texto y otras estrategias, donde les prometían ganancias significativas sin riesgo alguno.
Una vez que la organización cerraba un acuerdo con sus víctimas para invertir en criptomonedas inexistentes, con inversiones generalmente entre 250 y 1000 euros, proporcionaban a las víctimas acceso a un sitio web donde podían consultar los supuestos beneficios de sus inversiones, respaldados por gráficos falsos diseñados con ese fin específico.
De esta manera, lograban dar una apariencia de legalidad a las operaciones, generando confianza en las víctimas. A partir de ese punto, los inversores recibían numerosas llamadas telefónicas en las que los falsos corredores les informaban sobre las ganancias sustanciales obtenidas y los alentaban a continuar invirtiendo en criptomonedas inexistentes. En algunos casos, persuadían a las víctimas para que invirtieran todos sus ahorros.
Cuando los inversores-víctimas intentaban recuperar su inversión o las ganancias generadas, los falsos corredores les solicitaban más dinero para permitirles retirar los fondos, utilizando diversas excusas, como el pago de impuestos o el cierre de balances anuales, lo que resultaba en una segunda estafa.
Estos individuos habrían defraudado una cifra superior a los 100 millones de euros a más de 3,000 personas en todo el mundo.
Según informó el Instituto Armado en un comunicado emitido el día de ayer, esta operación permitió desmantelar a la organización detrás de la estafa y localizar a más de 3,000 víctimas en todo el mundo, con al menos 100 de ellas residiendo en territorio nacional.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por un ciudadano en la provincia de Álava que afirmaba haber sido estafado al invertir en criptomonedas. Como resultado, los agentes comenzaron a rastrear las transferencias de dinero que llevaban a una empresa con sede en Palma de Mallorca.
A medida que las investigaciones avanzaban, los investigadores descubrieron que esta empresa realizaba nuevas transferencias hacia países fuera de la Unión Europea, que eran el destino final de los fondos.
Además, la Guardia Civil pudo determinar que los miembros de la organización atraían a posibles clientes utilizando tácticas de marketing agresivas en sitios web populares. Esto se hacía mediante llamadas telefónicas, anuncios en periódicos, mensajes de texto y otras estrategias, donde les prometían ganancias significativas sin riesgo alguno.
Una vez que la organización cerraba un acuerdo con sus víctimas para invertir en criptomonedas inexistentes, con inversiones generalmente entre 250 y 1000 euros, proporcionaban a las víctimas acceso a un sitio web donde podían consultar los supuestos beneficios de sus inversiones, respaldados por gráficos falsos diseñados con ese fin específico.
De esta manera, lograban dar una apariencia de legalidad a las operaciones, generando confianza en las víctimas. A partir de ese punto, los inversores recibían numerosas llamadas telefónicas en las que los falsos corredores les informaban sobre las ganancias sustanciales obtenidas y los alentaban a continuar invirtiendo en criptomonedas inexistentes. En algunos casos, persuadían a las víctimas para que invirtieran todos sus ahorros.
Cuando los inversores-víctimas intentaban recuperar su inversión o las ganancias generadas, los falsos corredores les solicitaban más dinero para permitirles retirar los fondos, utilizando diversas excusas, como el pago de impuestos o el cierre de balances anuales, lo que resultaba en una segunda estafa.
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